Pocas cosas hay más patéticas que la obsesión de los políticos que no entienden Internet por censurar sus contenidos. Ayer, día 27, concluyó el plazo para presentar alegaciones al proyecto de Ley de “Impulso” de la Sociedad de la Información (interesante manera de “impulsar” nada), con el que el Gobierno pretende otorgar potestad a los organismos administrativos para clausurar páginas web sin necesidad de que medie para ello un mandamiento judicial. Una posibilidad que, sin ir más lejos, contraviene frontalmente las libertades garantizadas en la Constitución Española, en su Artículo 20.
Siempre me he preguntado como hacen para cerrar un website. Imaginemos que el registrador esté en Francia, el housing en Toronto y la Database en Kerala. ¿Qué hacen? ¿Moverse a nivel internacional en una investigación experta y convencer a empresas ajenas a las leyes españolas para que den de baja un determinado servicio? No lo entiendo.
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